No. 501
No 501

En una clara intención política de incidir en las próximas elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió 20 iniciativas de reformas legales, incluidas 18 constitucionales. No se trata de una simple interpretación, sino de una clara afirmación del propio mandatario, pues considera que ahora es cuando existen las condiciones para enviarlas, pues las presenta como una expectativa de reforma social que debe ser considerada por los ciudadanos hacia el futuro, pues no cuenta ahora con los votos necesarios para lograrlas, y como una definición del modelo de nación que se quiere para el futuro.

 

A sabiendas de que no tiene los votos necesarios para las reformas constitucionales que propone, lo hace con la clara intención de desafiar a la oposición, pues si rechaza de plano algunas ideas que son atractivas para el elector, corren el riesgo de perder votos, pues sin duda alguna sobre estos temas el presidente construirá su discurso en las mañaneras, durante tiempos electorales en los cuales tiene prohibido hacer propaganda política. Si así lo hace, como todavía no son programas existentes sino simples propuestas, pondrá en un brete al INE y al Tribunal Electoral.

 

Algunas de las propuestas, como la de las pensiones, sin duda que aparecen atractivas. ¿Quién no quisiera pensionarse con el cien por ciento de su salario? Sin embargo, aunque así se ha vendido, en realidad la referencia es el salario promedio del IMSS, lo cual significa que no todos tendrían acceso a ese monto. Por otra parte, excluye al cincuenta por ciento, aproximadamente, de los trabajadores que se desempeñan en el mercado informal. Eso sin contar con que los recursos que se dice servirán para hacer esto realidad no están garantizados.

 

La propuesta de las pensiones, que de palabra fueron adoptadas bajo condición por la oposición, en realidad son una propuesta populista con fines electoreros y casi una propuesta de agenda que quiere heredar a su sucesora, independientemente de quién sea la ganadora.

 

Luego pasa por la reiteración de ideas y propuestas ya rechazadas por diversas causas, como es el caso del paquete electoral para eliminar los diputados y senadores de partido, así como las reformas de integración de los cabildos municipales, gracias a los cuales, por cierto, fue posible que Morena y sus antecesores pudieran fortalecerse, asumir cargos en el Congreso y en otros cargos públicos cuando eran insignificantes. Se trata, sin duda, acotar a la oposición, cuando muchas de las reformas existentes fueron demandas suyas como opositor.

 

También se trata de modificar al Poder Judicial, en medio de su confrontación con la Suprema Corte, es la famosa elección popular de los jueces y la separación del Consejo de la Judicatura de la Suprema Corte, dizque para combatir la corrupción, cuando ya su amigo, el expresidente de la Corte Arturo Zaldívar, había hecho una reforma que fue aplaudida por el propio presidente, y ahora, como asesor de Claudia Sheinbaum, rechaza.

 

Tampoco es sorpresa que el paquete contenga la desaparición de algunos organismos autónomos que están fuera del ámbito y control del Poder Ejecutivo, como lo estuvieron en el pasado, y que surgieron ante la necesidad de reducir el excesivo presidencialismo que imperó y dio pie a numerosos abusos de autoridad. El presidente podrá alegar que él no resultaría beneficiario de dichas reformas, sino el próximo mandatario o mandataria. Cierto, pero lo que está modelando es un nuevo presidencialismo como el del pasado, en un claro proceso regresivo de la transición democrática que con gran dificultad ha llevado a cabo el país.

 

La cantidad y alcance de las reformas no dan tiempo para un análisis a fondo y serio en el Congreso, con el riesgo de que así como en el viernes negro se aprobó un paquete saltándose las normas de la discusión parlamentaria y sin cambiar una sola coma a las iniciativas propuesta, ahora ocurra otro tanto con los legisladores levanta dedos y lleven al Pleno de las cámaras la aprobación sin más fundamento y sin escuchar, como es debido, a la oposición en las comisiones dictaminadoras, como en el pasado.

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