Uno de los efectos económicos más graves del coronavirus es la parálisis económica que provoca, la cual reducirá los ingresos de grandes, medianas y pequeñas empresas. De los ingresos de las empresas sale el pago del salario de los trabajadores, la inversión en maquinaria, la compra de insumos, de mercancías y el pago de impuestos.

 

Hay funcionarios que, como nunca han manejado una empresa ni pagado una nómina con sus recursos, dicen que las empresas tienen que cumplir con sus impuestos a tiempo, aunque no tengan ingresos, y si no les gusta que se vayan a otro país.

 

Más allá de esas posiciones que reflejan ignorancia y desprecio por el sector productivo, son necesarias políticas gubernamentales que reduzcan la alta carga fiscal, antes que se presenten quiebras masivas de grandes, medianas y pequeñas empresas, que generarán un desempleo y un hoyo fiscal difícil de superar en los siguientes años del actual gobierno.

 

Para llegar a una solución práctica hay que empezar por reconocer que los impuestos en México son más altos que en los de nuestros principales socios comerciales. El ISR en México es de 30 por ciento, mientras en EU es de 21 por ciento. El impuesto al consumo en México es de 16 por ciento, en California de 7.25 por ciento y en Texas de 6.25 por ciento. En ambos estados menos de la mitad que en México.

Esa gran diferencia de impuestos llevó al presidente López Obrador a publicar un decreto de estímulos fiscales en diciembre de 2018, que reduce temporalmente, dos años, el IVA en una franja de la frontera norte a 8 por ciento y el ISR a empresas a 20 por ciento aproximadamente.

 

Ante la actual contingencia o emergencia económica, que implica ausencia de inversión y crecimiento, no puede el gobierno sostener sus ingresos al nivel contemplado inicialmente, ya lo reconoció al reducir su gasto, pero no es suficiente esa medida para beneficiar al pueblo trabajador. Una fórmula que funcionaría, y evitaría quiebras y desempleo, es extender los relativos beneficios del decreto de estímulos fiscales que lanzó en diciembre de 2018 y termina a finales de 2020, hasta diciembre de 2024, aplicarlo en todo el territorio nacional, y generalizarlo, sin tanta burocracia y selectividad como el de la frontera. Así tendrían las empresas, un nivel de impuestos menor al actual y parecido al de Estados Unidos. Habría más inversión, sería menos profunda la recesión en 2020 y empezaríamos a crecer en 2021.

 

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No. 302

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