La vida de los estados modernos tiene como sustento el llamado Estado de Derecho, cuya expresión concreta se encuentra en las constituciones y en las leyes derivadas de las mismas. Ha sido a partir de este andamiaje jurídico como se han regulado las relaciones de la sociedad con el gobierno, de la sociedad entre sí y las facultades de los gobernantes en sus distintos ámbitos. En la medida en que, tales disposiciones son justas, se aplican por igual a todos los ciudadanos y mantienen las libertades y derechos humanos, se puede hablar de la existencia de Estado de Derecho.

 

En nuestro país siempre ha sido muy frágil el Estado de Derecho. La forma como se elaboran las leyes y lo que ellas implican no siempre son justas, e incluso nos encontramos con disposiciones contradictorias que generan conflictos. Esto ha provocado que en muchos casos exista inseguridad jurídica. Adicionalmente, nunca han faltado abusos de poder que violan las normas que deben respetar y hacer valer. Para poner un dique a las arbitrariedades, en nuestro país existe desde hace mucho tiempo la figura del Amparo como una cobertura del sistema judicial frente a esos posibles abusos.

 

Los políticos suelen hablar del respeto y fortalecimiento del Estado de Derecho durante las campañas electorales e, incluso, en su discurso habitual. Sin embargo, en éste como en otros temas, entre más se les menciona, parece que menos están dispuestos a cumplir con tal ofrecimiento. Dicen una cosa y hacen otra.

 

Durante la campaña electoral federal que llevó a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, se hizo público un plan de gobierno que incluía el tema del Estado de Derecho, el compromiso de respetarlo y de fortalecerlo. Fue, también, parte del discurso político y un compromiso ya asumido el gobierno. Sin embargo, desde el inicio de la actual administración se han dado muestras de que aquello era puro bla, bla, y en realidad hemos retornado a los peores tiempos en donde el capricho gubernamental pasaba por encima de la ley y de los derechos de los ciudadanos.

 

Aunque fuera un compromiso de campaña, la cancelación del aeropuerto de Texcoco fue una arbitrariedad, cuya legitimación pretendió sustentarse en una consulta popular, sin vinculación alguna y muy poco representativa. Ahora se ha producido una nueva consulta con la cual se pretende impedir la terminación de una planta cervecera en Mexicali. El método es el mismo y el fundamento son las quejas de algunos grupos afines a Morena. En ningún momento se habla de irregularidades, violaciones de reglamentos o incumplimientos por parte de la empresa. Por el contrario, se contaba con todo lo necesario para la apertura de la fábrica. Destaca entre los permisos, el de la Comisión Nacional del Agua, pues el tema del líquido ha sido el motivo de la inconformidad.

 

Más allá de los efectos económicos que representaría la cancelación de la obra, tanto por el monto de la inversión como por la pérdida de los empleos previstos, y que no son poca cosa, lo verdaderamente preocupante es el golpe que significaría esto al Estado de Derecho, y con él, al desarrollo del país.

 

Las acciones de la autoridad deben estar fundadas y motivadas. La consulta realizada en Mexicali, sin sustento jurídico y con una raquítica votación que ni disimuladamente le da representatividad, carece de toda legitimidad. Se viola las garantías constitucionales que dan sustento a la propiedad privada y el respeto que se debe a la misma. También constituye una deslegitimación de los actos de las autoridades que una tras otra, autorizaron el proyecto y que permitieron que se hayan invertido cientos de millones de dólares.

De este modo se va consolidando una autoridad arbitraria, con tintes dictatoriales, que sin duda incrementará la desconfianza de los inversionistas respecto de que es válido asignar recursos a proyectos económicos en beneficio del país.

 

Uno de los requisitos para que nuestra economía crezca, es que haya inversión, empleos y producción. Todas las entidades del país hacen esfuerzos de promoción, en ocasiones junto con el gobierno federal, para atraer inversión extranjera que complemente la inversión nacional que suele ser insuficiente para cumplir las metas de desarrollo que se ha impuesto el mismo gobierno. Pero las señales que se están dando, van en el sentido contrario.

 

Con crisis del coronavirus o sin ella, México está urgido de desarrollo económico para generar empleos y riqueza. Sin ello, no será posible y la pauperización del país no sólo se mantendrá, sino que crecerá. Aún quedan recursos jurídicos de defensa de la empresa afectada, pero mientras tanto el proyecto seguramente se paralizará y de lograr superar los obstáculos retrasará su puesta en marcha, lo cual ya significa pérdidas.

 

Estos hechos no sólo afectan a la empresa afectada. Se trata de una conducta gubernamental que nos afecta a todos, y frente a la cual no podemos guardar silencio. Por fin, el Consejo Coordinador Empresarial abrió la boca. Hasta Tatiana Clouthier, fan del presidente, también ha señalado lo peligroso de esta acción. Es indispensable que se respete el Estado de Derecho en éste y cualquier otro caso, de lo contrario habremos retornado a una dictadura.

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No. 290

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