En la Cámara de Diputados se aprobó dictamen a la minuta que penaliza los delitos contra la orientación sexual o ideología de género, estableciendo “de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.
La Ley establecer que “las sanciones se aumentarán al doble cuando la persona autora tuviere para con la víctima alguna de las relaciones que a continuación se enuncian o bien se sitúen en alguno de los siguientes supuestos: relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación de la víctima; quien se valga de función pública para cometer el delito y cuando la persona autora emplee violencia física, psicológica o moral en contra de la víctima”.
Además, establece que “bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos que revistan las características del delito al que este precepto se refiere”.
La iniciativa de Ley aprobada en la Cámara de Diputados con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones busca prohibir las “terapias de conversión” a homosexuales, lo que ha levantado debates sobre los derechos de los individuos y las libertades, pero sobre todo atenta contra la familia, pilar de la sociedad.
Rodrigo Iván Cortés, presidente del Frente Nacional por la Familia de México, calificó la votación de los congresistas mexicanos como un “hecho tiránico que violenta las libertades fundamentales de expresión, de profesión y religiosa”.
El líder de las familias católicas argumentó que los miembros de Morena buscan “imponer la disforia -se conoce como disforia de género a la experiencia que manifiestan algunas personas, que sienten una fuerte discordancia entre su sexo biológico y el “género” con el que se identifican- sólo como fuente de derecho, sino como fuente de coerción”.
Cortés advirtió que la iniciativa de ley “introduce términos ambiguos”, y establece incluso “pena corporal, es decir cárcel” para quienes infrinjan la norma. Además, aseguró que este tipo de sanciones van “en demérito de la ciudadanía y esto va en abono de la arbitrariedad en la autoridad”.
Durante el debate parlamentario del 22 de marzo, Gabriel Quadri, diputado del PAN, calificó el proyecto legislativo como un ataque “inaceptable” en contra de “la familia, la religión y la libertad”.
Esto se relaciona con la ideología de género que para el máximo líder de la Iglesia Católica advierte sobre el “peligro de las ideologías portadoras de una falsa idea de libertad” y como la Familia es debilitada y bajo la pretensión de “modernidad se van inoculando colonizaciones ideológicas destructoras del núcleo de la familia, que es la base de toda sociedad”
El Sumo Pontífice señala que la ideología de género, “anula las diferencias” y con ello anula la libertad, busca borrar la diferencia entre hombres y mujeres, es una colonización ideológica -se enseña que a los niños el sexo lo pueden elegir- sostenida por Países influyentes, presenta una sociedad sin diferencias de sexo y vacía el fundamento antropológico de la familia.