Igual que la estrategia para aprehender en Sinaloa a Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo”, el intento de aprehender a José Antonio Yépez Ortiz “El Marro” terminó en bloqueos de vialidades e incendio de camiones, automóviles y gasolineras. La aprehensión de familiares del líder del Cartel de Santa Rosa incrementó la violencia e inseguridad en Guanajuato.

 

Los hechos muestran más dudas que respuestas de los participantes en los operativos, sobre todo al preguntarse ¿Cuál era la participación de la federación?; los resultados revelan “¡¡ingenuidad!!” del gobierno del estado de Guanajuato.

 

Hasta donde se conoce, el gobierno federal pidió el apoyo al gobierno de Guanajuato para realizar el operativo, pero al final su participación fue de “dama de compañía” y no de un organismo de justicia al que le corresponde atender el huachicol por ser un delito del orden federal.

 

Un amigo se preguntó “¿de a cuánto?”, pero no tiene respuestas. No se puede entender como la federación involucra al estado y le endilgan los procedimientos de la aprehensión de la mamá y la hermana, así como otros miembros del cartel.

 

Ante la falta de respuesta al considerar los hechos, únicamente queda el razonamiento lógico, por lo que se cae en la conclusión de que se trata de “calentar” al Estado de Guanajuato con mayor violencia e inseguridad y endilgar la responsabilidad a las autoridades estatales.

Pero, ¿no se tiene un cuerpo de inteligencia estatal que establezca los riesgos? y el éxito del operativo para la aprehensión de “El Marro” o ¿acaso iban por la mamá y la hermana?; la conclusión es que no se tenía la información para lograr el objetivo y que los resultados derivaron en el bloqueo de vialidades e incendio de vehículos por parte de jóvenes menores de edad, los cuales han sido dejados en libertad.

 

¿Serán “¡¡ingenuos!!”? Carlos Zamarripa Aguirre, Fiscal General del Estado, y Alvar Cabeza de Vaca Appendini, Secretario de Seguridad Publica, ¿los chamaqueó el gobierno federal?

 

Si consideramos que 7 de los 26 detenidos han sido vinculados a proceso por la posesión de metanfetaminas, se libera a siete menores de edad que participaron en el bloqueo e incendio de vehículos, el resultado del operativo es considerado como un rotundo fracaso de las autoridades estatales.

 

Y ¿la federación? ¿únicamente fue una “¡¡dama de compañía!!” en el proceso del operativo? No hay respuestas, por lo que nos volvemos a preguntar ¿de a cuánto?, pues es un hecho que esto tendrá más repercusiones en materia de seguridad en el Estado de Guanajuato.

 

Por lo que se ve, se trata de imputar la responsabilidad al gobernador Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, pero entonces ¿Por qué los sistemas de inteligencia de Carlos Zamarripa y Alvar no lo previeron?, y nos seguimos preguntando ¿de a cuánto?.

 

Los hechos nos permiten reflexionar y considerar que el beneficio del fallido operativo es mayor para la federación que para el gobierno del estado y los guanajuatenses. El primero es acusado de no atender la seguridad en la entidad y los segundos viven en zozobra por la falta de un sistema que de seguridad.

 

Con la aprehensión de los familiares de “El Marro” los actos delictivos se incrementaron, la inseguridad se acrecentó, se ve a la autoridad estatal como incompetente e irresponsable. Todo lo anterior a unos cuantos meses de que inicien las campañas electorales.

 

Por supuesto que, Ricardo Sheffield Padilla -ex panista-, es uno de los primeros en demandar una mayor atención a los problemas de seguridad en la entidad, producto del huachicol, estas actividades son del orden federal, pero hacen responsable al gobernador.

 

Saquen sus conclusiones, todo esto a menos de tres meses del inicio de la contienda electoral de 2021 en las que se definirán en el Estado de Guanajuato 15 diputaciones federales, 36 diputaciones estatales, 46 ayuntamientos, así como síndicos y regidores; todo enmarcado por la ¿ingenuidad de los organismos responsables de la seguridad en la entidad?

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No. 302

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