Cuarenta MIL Pesos por un Obispo
El 27 de septiembre, en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Asunción, monseñor Juan Espinoza Jiménez no insultó al gobierno. Predicó la parábola de los dos hijos: uno dice que no y cumple; el otro dice que sí y no se mueve. De ahí pasó al país. El pasaje, recogido por la prensa local, quedó así: nos hablan de libertad y pluralidad, pero amenazan con la cárcel a quien piensa diferente o se opone a decisiones que dañan a la nación; hablan de soberanía y entregan el país a delincuentes; a las madres buscadoras les dicen que sí, que están con ellas, y nunca les ayudan.
Cerró pidiendo información, participación y cuentas por la vía democrática. No nombró a Sheinbaum. No nombró a Morena.
Cuatro días después, el 1 de octubre a las 18:52, José Lápiz escribió en la cuenta @dejoselapiz: “Yo les ofrezco 40 mil para que se lo madruguen. Putas ratas con sotana.” No discutió la homilía. No citó a las madres buscadoras ni el contraste entre soberanía y territorio. Puso un precio. Cuarenta mil pesos para que alguien se adelantara al obispo de Aguascalientes, y un insulto dirigido a la sotana, no al argumento. El 6 de octubre volvió: preguntó si ya le habían llevado “su chocolatito” a Juan Espinoza Jiménez y dijo, en otra transmisión, que seguiría ofreciendo por las cabezas. La secuencia es corta y no necesita adjetivo. Un obispo contrapone palabras y hechos. Un youtuber, perfilado por los medios como afín a la Cuarta Transformación, convierte la crítica en tarifa.
La Fiscalía de Aguascalientes no trató el mensaje como broma de redes. La Unidad de Delitos Cibernéticos lo detectó el mismo 1 de octubre por ciberpatrullaje. El fiscal Manuel Alonso García confirmó el 7 de octubre que la cuenta está identificada, que la carpeta se integra por amenazas y por apología del delito, y que en las próximas horas pedirían orden de aprehensión. La amenaza requiere querella; la apología se persigue de oficio. Alonso García sospecha que Lápiz no está en el estado y quizá ni en México. Trabajan la dirección IP. Es lo mínimo que puede hacer una institución cuando el monto ya está publicado. El artículo 208 del Código Penal Federal castiga la provocación pública a delinquir: jornadas de trabajo comunitario si el delito no se ejecuta, y la pena del delito si alguien lo consuma. Aguascalientes no espera a que alguien cobre.
El episcopado leyó el mensaje como intento de silencio. El 4 de octubre, Ramón Castro Castro, presidente de la Conferencia y obispo de Cuernavaca, dijo en homilía que circulaba una amenaza contra Espinoza Jiménez. Fue cauto sobre la seriedad —“ahora mismo no estoy seguro qué seriedad tenga”— y claro sobre el efecto: expresiones así pueden buscar intimidar a los obispos por hablar de asuntos sociales. “No podemos quedarnos callados.” No pidió canonizar al prelado de Aguascalientes. Pidió que una crítica pastoral no se pague con una recompensa.
En el Senado, el 7 de octubre, Lilly Téllez subió el caso a tribuna y exigió a Ernestina Godoy y a Rosa Icela Rodríguez investigación y protección. Dijo que ya había quien contestaba que sí estaba dispuesto a matar a un obispo por la recompensa. Sumó a Francisco Javier Acero entre los amenazados y atribuyó el episodio a la instigación de López Obrador y a un odio de Morena contra los católicos. En X lo resumió: están mudas Godoy y Rodríguez porque Morena odia a los católicos. Esa extensión es de la senadora. No aparece en la carpeta de Aguascalientes ni en el post del 1 de octubre, que apunta a Espinoza Jiménez. Meter a Acero y al expresidente como causa directa convierte un hecho verificable en tesis de bancada. El silencio federal, en cambio, no es tesis. Al cierre de esta columna, ni la titular de la FGR ni la secretaria de Gobernación habían respondido al ofrecimiento público de dinero contra un obispo. La fiscalía que se movió es la de un estado que no gobierna el partido del silencio.
No hace falta el odio religioso para que el caso pese. Basta el contraste que el propio Espinoza Jiménez planteó. El gobierno federal vive de la palabra libertad. Ante una tarifa por callar a un crítico con sotana, no hay palabra. La bancada mayoritaria tampoco firmó ese día el punto de acuerdo. Dijeron que sí a la pluralidad en el discurso y, a la hora del hecho, no se movieron. Es la parábola al revés.
El fondo en el que la oferta deja de parecer un exabrupto está contado por la propia Iglesia, no por la oposición. El Centro Católico Multimedial, en su informe de enero de 2026, registró trece sacerdotes asesinados desde 2018: diez en el sexenio de López Obrador y tres, entonces, en el de Sheinbaum, más un seminarista y 29 laicos ligados a parroquias. Omar Sotelo, director del centro, cifró la impunidad de su unidad en al menos 80 por ciento. El CCM niega una persecución de Estado y una restricción legal al culto. El patrón que describe es el del crimen organizado contra párrocos y comunidades que estorban el control territorial. La Conferencia del Episcopado, a septiembre de 2024, había reportado diez sacerdotes muertos, diez religiosos violentados, un promedio de 26 templos atacados o asaltados por semana y cerca de 900 extorsiones o amenazas. En septiembre de 2026 un recuento del mismo centro ya hablaba de cuatro sacerdotes asesinados en el sexenio de Sheinbaum.
El precedente que vuelve grotescos los 40 mil pesos es Cerocahui. El 20 de junio de 2022, dentro del templo de esa comunidad de la Sierra Tarahumara, murieron los jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, de 79 y 81 años, por interceder a favor del guía Pedro Palma. Los mató Noriel Portillo Gil, “el Chueco”. Los cuerpos fueron sustraídos. No era un meme. Era la sierra, y el Estado no estuvo. Después vinieron otros nombres: el franciscano Juan Antonio Orozco, muerto en un fuego cruzado en la frontera de Durango y Zacatecas; Marcelo Pérez Pérez, acribillado el 20 de octubre de 2024 al salir de misa en Cuxtitali, San Cristóbal de las Casas; Bertoldo Pantaleón Estrada, desaparecido en Eduardo Neri, Guerrero, y hallado dos días después, en octubre de 2025. El arzobispo Faustino Armendáriz sobrevivió en 2023 a un ataque con arma blanca en la catedral de Durango. No es un homicidio. Es el precedente local más cercano. Hay un caso de esta semana que no debe entrar en la misma bolsa. En Poza Rica, medios reportaron el homicidio del padre Alejo Nabor Jiménez Juárez y de otra persona sacados de una parroquia. El fiscal de Veracruz habló luego de un sacerdote y un sacristán, de un pleito y del robo de limosnas, y anunció órdenes de aprehensión.
Espinoza Jiménez habló de un país entregado a delincuentes. No era metáfora de sacristía: Guerrero, Chihuahua, Chiapas, Michoacán y la frontera de Durango concentran buena parte de estos crímenes, muchos sin resolver. Lápiz no respondió a ese diagnóstico. Le puso 40 mil pesos al diagnosticador. Una fiscalía local investiga. El centro, que concentra la narrativa de la transformación y el monopolio de la palabra libertad, calla. La homilía pedía cuentas. La oferta contestó primero. El silencio federal es la segunda respuesta, y es peor: confirma, sin necesidad de consigna, que una cosa es el discurso de pluralidad y tolerancia y otra son los hechos.
