Respeto a las Audiencias en Libertad: CEM
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Respeto a las Audiencias en Libertad: CEM

En su mensaje 348/26, la Conferencia del Episcopado Mexicano se refiere al llamado derecho de las audiencias fundado “en la libertad de expresión, pilar fundamental del orden democrático”; por lo que “ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad, particularmente tratándose de ideas, opiniones, convicciones, creencias, sean o no religiosas”.

El documento firmado por el Obispo de Cuernavaca y Presidente de la CEM, Ramón Castro Castro, y el obispo auxiliar de México y Secretario General del CEM, Héctor M. Pérez Villarreal, titulado “Conocerás la Verdad y la Verdad los hará Libres”, se dirige a las audiencias, a los comunicadores y a los ciudadanos de las diferentes religiones.

Señalan que Jesucristo indicó “que la Verdad nos haría libres”, por lo que no se debe ejercer “una verdad impuesta” y debe dejar libre al que no quiera escuchar; “nunca obligó a nadie a creer, porque una verdad forzada deja de ser liberadora” en el momento en que se fuerza.

“La misión de la Iglesia consiste en gran medida en transmitir una Palabra recibida”, y considera que “el anuncio sólo es fecundo cuando respeta la libertad de quien escucha”.

Refieren que el Pontífice de la Iglesia Católica, Papa León XIV, expresó ante los comunicadores que el desafío es promover una comunicación capaz de sacarnos de la “torre de Babel”, “de los lenguajes sin amor, con frecuencia ideológicos y facciosos”.

Afirman los prelados de la grey católica de México que comunicar “no es sólo transmisión de informaciones, sino creación de una cultura, de ambientes humanos y digitales que sean espacios de diálogo y de contraste”, por lo tanto, la “comunicación no se impone por la fuerza ni por el miedo”, sino de “la libertad y de la conciencia de quien comunica”.

De ahí que, “la Iglesia valora y promueve una comunicación veraz”, respetando “la dignidad de la persona humana” y recalcan que la Iglesia Católica, “por ser parte de este pueblo” no impone, respetando la libertad de los ciudadanos.

En este orden hacen mención de la consulta pública de la Comisión Reguladora de los “Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias”, no debe tratarse de una regulación que afecte “la vida cotidiana de millones de mexicanos: lo que escuchamos en la radio, lo que vemos en la televisión y los espacios donde la información, la cultura, la fe, la opinión y la crítica constructiva encuentran voz”.

Los pastores mexicanos de la Iglesia Católica reconocen que el propósito del proyecto, no debe ser “la prohibición expresa de la censura previa”.

Estos derechos deben contar con mecanismos claros para hacerse valer un bien para todos y, porque se trata de un bien real, importa el “cómo se alcanza”, pero sobre todo salvaguardando la libertad de expresión, “pilar fundamental del orden democrático”.

Por lo tanto, “ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad, particularmente tratándose de ideas, opiniones, convicciones, creencias, sean o no religiosas”.

De ahí que “la veracidad que legítimamente se exige a la información periodística es un deber de diligencia: contrastar, verificar, distinguir el hecho de la opinión, rectificar el error”, por lo que la verdad no se decreta, sino que se busca y se reconoce en el debate libre y plural”.

La intervención de las autoridades, “aparejada con sanciones”, es calificado por la CEM como “falsa” o “descontextualizada”, sobre todo en “el ejercicio periodístico de los medios de comunicación social, tiene como riesgo condicionar la libertad de expresión a criterios oficiales de veracidad, lo cual es incompatible con el sistema democrático tutelado por nuestra Constitución, por los tratados internacionales suscritos por México, así como por diversos precedentes judiciales nacionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.

Los Prelados consideran que “la libertad de profesar y divulgar la religión o las creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, debe garantizarse como riqueza de pluralismo en la comunicación social”.

Consideran que “la autorregulación ética es un bien que florece en libertad”; pero si esta “sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación”.

Por lo tanto “es esencial que los fieles laicos, los comunicadores católicos, las universidades e instituciones educativas los colegios de profesionistas”, participen de manera “corresponsabilidad con el bien común”; puesto “una democracia se fortalece cuando los ciudadanos participan, no cuando callan”.

Los dirigentes de la CEM confían “en que las autoridades integrarán con transparencia las aportaciones recibidas”.

En cuanto a los comunicadores, los obispos mexicanos consideran que “quien lo hace con miedo, o al servicio de intereses ajenos a la verdad, la debilita”, al mismo tiempo que, como el Papa León XIV lo ha expresado su “solidaridad con los periodistas encarcelados por haber intentado contar la verdad” y pide que custodiemos “el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa”, reconociendo “lo que cuesta en México ejercer” el periodismo.

En cuanto a “la autoridad y los concesionarios, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresa su disposición al diálogo franco y constructivo, y pone a disposición su red educativa y pastoral para colaborar en programas de educación y alfabetización mediática, en la formación de audiencias críticas y en la difusión de los mecanismos de defensa de sus derechos”.

Puesto que “el derecho a la información veraz se garantiza tanto regulando la oferta como formando el discernimiento de quien la recibe” y a los laicos “deber de discernir lo que recibimos, de verificar antes de compartirlo y de no propagar aquello que hiere la fama del prójimo o siembra confusión”.

Y reafirman que “la verdad no se impone: se busca, se propone y se reconoce libremente” y el Estado no puede decidir que es verdad; el Estado debe limitarse “a garantizar las condiciones para que todos puedan buscarla y decirla, protege a la vez la libertad de expresión, la libertad religiosa y el derecho de las audiencias”.

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