Estrategias para Acabar con el Narcoestado de la 4T en 2027

Estrategias para Acabar con el Narcoestado de la 4T en 2027

Un estudio elaborado por Ciudadanía Católica y Análisis Social contempla “elementos para el discernimiento” de la economía mexicana estancada y su componente “delincuencial”, en el que se concluye que la 4T no ha sido la solución y se requieren acciones ciudadanas para corregir el rumbo financiero del país.

En Magnifica humanitas de León XIV se fundamenta la obligación del Estado de crear las condiciones para que las empresas generen empleo en el “que sitúe en el centro a la familia y a las nuevas generaciones”.

Apunta que en México la economía no crece y está “atada” a Estados Unidos, principal socio comercial, por lo que debería “reflejar un superávit y un progreso en la economía de la sociedad mexicana”; a esto se debe sumar las remesas que envían los connacionales.

“Sin embargo, lo que se observa es una tendencia creciente al deterioro interno de los motores del crecimiento nacional, en contraste con otros países de toda América Latina”, contradiciendo la afirmación “optimistas y falaces del gobierno de Sheinbaum” y revelando “la crisis interna del país: la inseguridad, la destrucción de instituciones y la corrupción en todos los niveles”.

“De hecho, al hablar de una economía delincuencial en México, debemos considerar el impacto del crimen organizado y también las malas prácticas de un gobierno arbitrario, autoritario y destructor de instituciones democráticas”.

El análisis muestra el estancamiento económico de 2018 a la fecha, un crecimiento menor al 1%, lo que califica como “raquítico y en estado de estancamiento” y señala que especialistas publicaron en junio de 2024 un estudio que concluyen: “la inseguridad y la violencia impactan directamente en el crecimiento económico del PIB” y disminuye el ingreso de la población “conforme los homicidios crecen en diversas regiones del país”.

Asegura que “los estados con mayores tasas de homicidios tienden a experimentar una disminución en su crecimiento económico, lo que a su vez puede perpetuar ciclos de “pobreza y desigualdad”, por lo tanto “a mayor violencia, menor crecimiento; a mayor seguridad, mayor prosperidad”.

Estudios presentados por el exdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, Jorge Basave, muestran que “el impacto económico de la violencia y la delincuencia organizada en México representa 3.4 % del producto interno bruto (PIB), casi 80 % del presupuesto en educación del país, lo cual se agrava en Colima, Guerrero y Morelos, donde el daño supera 30 % del PIB estatal”.

El investigador Mario Luis Fuentes, con fuentes oficiales del INEGI, estima que el impacto “del crimen organizado representa para México el 1 y el 3% del PIB en diversas entidades del país”.

En cuanto a la “destrucción de las Instituciones” ha generado “la caída en la productividad, en la inversión fija bruta y el aumento de la informalidad, son evidencias del impacto que ha tenido el debilitamiento institucional y el deterioro del Estado de derecho”.

Lo anterior, sin tomar en “cuenta acciones delincuenciales del propio gobierno como el llamado “huachicol fiscal”. El estudio recalca que “donde hay certeza jurídica y transparencia, florecen las inversiones e innovación”.

“El gobierno de Sheinbaum no parece caer en la cuenta de que el afamado Plan C de reformas constitucionales, iniciado con López Obrador y ejecutado puntualmente por ella y el sumiso congreso morenista, constituye la desarticulación de los compromisos institucionales del T-MEC”. Malas prácticas del gobierno federal de México están poniendo en riesgo la alianza comercial internacional”.

El análisis afirma que “la corrupción” frena la economía y que en México no ha “colapsado gracias a la economía informal y el T-MEC, según expertos en economía y fianzas”

“El impacto económico de la corrupción en México es alarmante, consideró la International Chamber of Commerce México (ICC México), al indicar que esta representa aproximadamente el 5% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a más de 500 mil millones de pesos anuales, cifra que suena como un recordatorio contundente de la urgencia de redoblar esfuerzos para combatir este fenómeno”.

Datos duros de organismos financieros y empresariales internacionales indican “un claro y rotundo deterioro de la economía nacional, por la construcción de una entidad delincuencial que se ha encaramado en el Estado Mexicano”.

El estudio afirma que el Estado esta penetrado por la delincuencia, controlando instituciones, eje por el cual se explican la extorsión o “cobro de piso”, además “la deliberada destrucción institucional con su consecuente corrupción en la administración pública, particularmente en las obras públicas y el robo descarado a la nación en instituciones como PEMEX, que son los tres fenómenos sobresalientes que, en evolución continua, están impactando negativamente el crecimiento económico del país, y el deterioro social de la población”.

Recalca que “el mundo” sabe que México es gobernado por un grupo político abiertamente incompetente, corrupto y delincuencial; a lo que se agrega el autoritarismo que “también empobrece”.

Tomando en cuenta lo anterior, el estudio propone “acciones ciudadanas” que permitan recuperar el territorio nacional, el crecimiento político, social y económico:

1.- “La alianza entre los distintos grupos sociales civiles (universidades, empresarios, sindicatos, asociaciones, agrupaciones, Iglesia), a fin de generar un gran bloque de entendimiento para presionar un cambio de políticas públicas”.

2.- “Crear una mayor sensibilidad entre la población más vulnerable…, manipulada por el gobierno populista” y que “los derechos ciudadanos no los concede el gobernante en turno, sino el Estado mexicano por su naturaleza, es decir, por Constitución, apoyada por las exigencias y la participación ciudadana”.

3.- “Preparar, desde ahora, una gran participación ciudadana para las próximas elecciones parciales de 2027, donde se muestre de manera rotunda el descontento social, con vistas a quitar la mayoría de curules en la Cámara de Diputados, así como de las gubernaturas estatales que están en manos del partido gobernante”.

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