El Nuevo Golpe Desde Washington a Través de The New York Times
En el periodismo de alto nivel, al igual que en la política de Estado, las casualidades no existen. Cuando el New York Times decide llevar a su primera plana una investigación sobre los presuntos vínculos de Andy López Beltrán con el crimen organizado y el huachicol fiscal, no estamos ante un «trascendido» de pasillo ni ante una rabieta de la oposición. Estamos ante un mensaje quirúrgico, codificado y autorizado desde las más altas esferas del Departamento de Justicia y la Casa Blanca.
En mis poco más de cuatro décadas de reportero, analizando las entrañas del poder y el diseño de estrategias mediáticas, he aprendido a leer los silencios y, sobre todo, los tiempos de los grupos políticos en el poder. Que dos agencias federales estadounidenses filtren simultáneamente que tienen bajo la lupa al hijo de López Obrador y ex secretario de Organización del partido en el poder, es un aviso de cobro. Se acabó el tiempo de la retórica mañanera; ha comenzado el tiempo de los expedientes. Sí, el tiempo tambien se le acorta a Donald Trump para dar un campanazo de cara a las elecciones de noviembre.
El eslabón perdido que tanto exigían desde Palacio Nacional ha dejado de ser un misterio. Tiene nombre, apellidos y razones sociales. Todo converge en Portacelis Oil and Gas, la compañía tabasqueña operada por el administrador financiero de la red, Jorge Amílcar Olán —el célebre «Mi George»—. La mecánica era de una precisión corporativa que envidiaría cualquier CEO: buques fletados desde Estados Unidos y Canadá, cargados de combustible que ingresaban por los puertos de Ensenada, Altamira y Guaymas bajo la falsa etiqueta de lubricantes o aditivos. Un fraude masivo conocido como huachicol fiscal.
Pero el castillo de naipes comenzó a derrumbarse en Houston. El cateo de las agencias estadounidenses a la empresa Icon Midstream, con la incautación de servidores y computadoras, expuso la matriz del modus operandi y desnudó a los 22 funcionarios de Pemex y Aduanas que facilitaban el atraco. Hoy, el pánico es palpable y tiene código postal europeo. La reciente ubicación de Amílcar Olán en Lugano, Suiza, no responde a un año sabático familiar. Uno no elige el paraíso global del secreto bancario por casualidad, cuando tiene a cuestas la urgencia de lavar o resguardar miles de millones de dólares. La huida de Olán, abandonando su departamento tras ser exhibido por el equipo de investigación de TV Azteca y Ricardo Salinas, es la radiografía de un operador a salto de mata. Y en la mafia, como en la política, cuando el dinero apremia, las lealtades se fracturan.
La información de inteligencia apunta a una ruptura crítica: Andy López Beltrán exige su tajada. Reclama los rendimientos no solo del combustible, sino de Romedic, el balasto del Tren Maya y la farmacéutica. La desesperación por bancarizar esos recursos explica cónclaves como el de la colonia Condesa, donde figuras de la talla de Daniel Asaf y Mauricio Garduño, e incluso intentos de acercamiento con grandes capitales como Juan Domingo Beckmann, buscaron desesperadamente canalizar los fondos hacia SOFOMes o vehículos de inversión. El cerco se cierra. Aquí es donde entra la implacable lógica de la justicia estadounidense. Para que Washington ofrezca un «puente de plata» y acepte a un testigo cooperador, la regla de oro exige entregar a alguien de mayor jerarquía. Si Amílcar cede ante la presión, su única moneda de cambio es el Grupo Tabasco: Adán Augusto, los mandos aduaneros y, por supuesto, los hermanos López Beltrán.
Si la soga aprieta a Andy y el Departamento de Justicia le ofrece un trato, ¿a quién puede entregar que esté por encima de él? En esa pirámide solo hay dos opciones. O se asume como una simple fachada y apunta al general Audomaro Martínez —el verdadero poder tras la designación de Luis Cresencio Sandoval y el control aduanero—, o el hilo se rompe en lo más alto de Palenque.
Este es el verdadero tablero de ajedrez que enfrenta la presidenta Claudia Sheinbaum, y el reloj juega en su contra. Ella misma ha tenido que confirmar que hay expedientes abiertos en la Fiscalía General de la República y que el SAT reclama 890 millones de pesos a la red de Portacelis, sumado a las investigaciones en la Secretaría Anticorrupción. Es un control de daños interno, pero insuficiente para la tormenta que viene del norte del Río Bravo.
El discurso de Donald Trump ante Naciones Unidas, colocando a México en el epicentro de la amenaza de los cárteles junto a naciones hostiles, no es una bravuconada electoral; es la nueva doctrina de seguridad nacional estadounidense. Washington exige resultados, no explicaciones.
Las próximas semanas serán definitorias. La presidenta se encuentra en el vértice de su sexenio apenas comenzando: o mantiene la lealtad absoluta y suicida hacia el legado y la sangre de su predecesor, arriesgando el T-MEC y enfrentando la ira de la Casa Blanca, o asume su rol de Jefa de Estado, corta el cordón umbilical y permite que la justicia opere.
Los coqueteos recientes y los deslindes sutiles con las antiguas «corcholatas» sugieren que en Palacio Nacional ya calcularon el costo. Y en la alta política, cuando hay que elegir entre el poder propio y la impunidad ajena, la historia nos ha enseñado que el pragmatismo siempre termina por imponerse. Al tiempo.
