Defienden exgobernadores del PAN a Ruffo; “es el Mandela Mexicano”
En conferencia de prensa, Gobernadores de Acción Nacional encabezado por el expresidente Vicente Fox Quesada, se pronunciaron por el respeto a la Constitución, la ley y la dignidad humana en relación a la detención de Ernesto Ruffo, en quien están dispuesto a “meter las manos al fuego” y consideran que es un “preso político al estilo Mándela”.
A continuación, se presenta el texto completo:
La fortaleza de una democracia se demuestra cuando el Estado ejerce su poder frente a un ciudadano. Es en esos momentos cuando deben prevalecer la Constitución, la ley y el respeto irrestricto a la dignidad humana.
La detención de Ernesto Ruffo Appel, primer gobernador electo, protagonista de la transición democrática, obliga a defender un principio esencial: nadie está por encima de la ley, pero ninguna autoridad puede estar por encima de la Constitución ni de los derechos fundamentales.
Toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, a una defensa adecuada y a jueces independientes. Estos derechos no son privilegios; son garantías que protegen a todos los mexicanos frente al poder del Estado.
La justicia pierde legitimidad cuando parece utilizarse para fines distintos a la búsqueda imparcial de la verdad. La ley debe aplicarse con los mismos criterios para todos, sustentada en pruebas, legalidad e independencia, nunca en presiones políticas o mediáticas.
La persecución selectiva, cuando existe o incluso cuando razonablemente puede percibirse, debilita la confianza en las instituciones, erosiona la igualdad ante la ley y pone en riesgo el Estado de derecho.
Antecedentes que exigen respuestas
La preocupación frente al caso de Ernesto Ruffo Appel no surge de manera aislada. Desde hace años existen denuncias, investigaciones periodísticas y actuaciones oficiales que han advertido sobre la magnitud de las redes de contrabando de combustibles y evasión fiscal en México, sin que hasta ahora se hayan esclarecido plenamente sus estructuras y responsabilidades.
En noviembre de 2019, se realizó una de las primeras denuncias públicas señaladas en el documento sobre el llamado huachicol fiscal, después del decomiso de 500 mil litros de combustible en Reynosa.
Desde 2021, distintos trabajos periodísticos documentaron el crecimiento de esquemas de importación ilegal de combustibles mediante simulación de mercancías, evasión de impuestos y redes empresariales presuntamente protegidas por intereses políticos. Ese mismo año fue asesinado en Nuevo León Sergio Carmona Angulo, identificado públicamente en diversas investigaciones periodísticas como operador del contrabando de combustibles y presunto financista político.
Durante el proceso electoral de 2024, Xóchitl Gálvez Ruiz denunció públicamente la existencia de un esquema nacional de contrabando de combustibles y fraude fiscal y exigió investigaciones a fondo. En 2025, la Secretaría de Marina hizo públicos diversos aseguramientos de combustible ilegal y reconoció la existencia de redes de contrabando de gran escala en las que estarían involucrados elementos de la propia institución. Pese a la magnitud de los decomisos y de la información acumulada durante años, la respuesta institucional de la Fiscalía General de la República ha resultado insuficiente frente a la dimensión del problema.
Este contexto obliga a formular una pregunta legítima: ¿Por qué, después de años de denuncias sobre redes y estructuras de gran escala, la actuación del Estado termina concentrándose en Ernesto Ruffo Appel mientras permanecen sin esclarecer plenamente quienes hicieron posible el crecimiento de estas operaciones?
Ernesto Ruffo Appel merece que cualquier procedimiento en su contra se conduzca con absoluto respeto a la legalidad, la transparencia y sus derechos constitucionales. Defender esas garantías no significa defender la impunidad, sino defender el principio de que el poder público tiene límites y que la justicia debe ser imparcial para todos.
La defensa del señor Ernesto Ruffo Appel ha informado las serias dificultades para mantener comunicación con él debido a las restricciones impuestas en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “Altiplano”. Esta situación vulnera su derecho a una defensa adecuada y carece de justificación. Ernesto Ruffo Appel nunca ha representado un riesgo de violencia y su internamiento en un penal de máxima seguridad constituye una medida desproporcionada que atenta contra sus derechos fundamentales.
Además, la legislación prevé que las personas mayores de 70 años, como es su caso, puedan enfrentar su proceso bajo arraigo domiciliario. No se solicita un privilegio; se exige el respeto a un derecho expresamente reconocido por la ley.
A ello se suman los cuestionamientos planteados respecto del propio proceso: la inexistencia de pruebas suficientes señalada por el segundo posicionamiento; la falta de valoración de elementos de descargo presentados por Ernesto Ruffo; el desconocimiento que existiría entre los propios coacusados; y una audiencia desarrollada de manera cerrada y opaca. Estas circunstancias exigen máxima transparencia y una revisión estrictamente jurídica del caso.
Por ello, hacemos un llamado para que todo procedimiento relacionado con Ernesto Ruffo Appel se conduzca con estricto apego a la Constitución, al debido proceso, a los tratados internacionales de derechos humanos y a los principios de independencia judicial, imparcialidad, proporcionalidad y presunción de inocencia.
Porque cuando se vulneran las garantías de un ciudadano, se debilitan las garantías de todos. Y cuando el Estado de derecho se pone en riesgo, lo que está en juego no es el destino de una sola persona, sino el futuro de la democracia mexicana.
Firman:
Carlos Medina Plascencia — Gobernador interino de Guanajuato 1991 – 1995; Alberto Cárdenas Jiménez — Gobernador de Jalisco 1995 – 2001; Fernando Canales Clariond — Gobernador de Nuevo León 1997 – 2003; Francisco Javier Ramírez Acuña — Gobernador de Jalisco 2001 – 2007; Miguel Márquez Márquez — Gobernador de Guanajuato 2012 – 2018; Juan Carlos Romero Hicks — Gobernador de Guanajuato 2000 – 2006; Marcelo de los Santos Fraga — Gobernador de San Luis Potosí 2003 – 2009; Marco Antonio Adame Castillo — Gobernador de Morelos 2006 – 2012; Patricio Patrón Laviada — Gobernador de Yucatán 2001 – 2007; Ramón Corral Ávila — Senador, diputado federal y candidato a la gubernatura de Sonora; Ignacio Loyola Vera — Gobernador de Querétaro 1997 – 2003; Emilio González Márquez — Gobernador de Jalisco, 2007 – 2013: José Guadalupe Osuna Millán — Gobernador de Baja California, 2007 – 2013; y Vicente Fox Quesada — Presidente de México 2000–2006.
