El Terrorismo Ronda a Morena y a la 4T

México ha entrado a una nueva etapa de violencia, que amenaza agudizar el sufrimiento de su población. Las autoridades apuestan por maquillar las cifras y disfrazar este nuevo tipo de agresión, pero la realidad se impone: el terrorismo ya se instaló en nuestro país y el origen de esos actos, son los cárteles de las drogas, de manera particular el CJNG.

Para dar una idea de la agresividad con la que hace presencia, de acuerdo a una investigación de Meganoticias, entre el 2018 y el 2025, se contabilizaron 5 mil 808 eventos con explosivos. Al referirse al caso de Zacatecas, que es de los más preocupantes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reconoció que solo en ese estado van 23 ataques, de los cuales 6 han sido con coches bomba.

De acuerdo a Meganoticias, que es un sistema de información que se transmite en plataformas digitales y televisión por cable, estableció en la mañanera del pasado día 9 del presente mes, en voz de su reportero Jorge Chaparro, que derivado de las investigaciones de los 23 atentados, además de 642 víctimas, hay 79 detenidos y solo se han abierto 12 carpetas de investigación, lo cual resulta extraño. Otros datos que encienda alarmas, es que estados señalados por altos indicadores de violencia, como es el propio estado de Zacatecas, pero también Sonora, Guanajuato, Guerrero y Chiapas, entre otros, no reportan ataques o afectaciones a la población civil, cuando son notorios esos eventos. De igual manera, las diferencias sustanciales que existen entre los reportes de los estados y los de la federación, que ponen en entredicho la multi cacareada coordinación entre los diferentes ámbitos y niveles de autoridad. Ante estas contradicciones, el secretario Harfuch defiende la existencia de una adecuada contabilización y se comprometió, nuevamente, a proporcionar las estadísticas.

No obstante, la gravedad de este tipo de hechos en los que involucran explosivos de fabricación casera, minas terrestres, costales llenos de pólvora, drones y coches bomba, es escasa la información y los reportes por parte de la autoridad federal, lo que demuestra la intención de minimizar los hechos, y ocultarlos bajo el mar de actos violentos que existen en México.

Pero como dijimos, la realidad se impone.

El think tank, Instituto para la Economía y la Paz, que tiene su sede en Sidney, Australia, y que busca que la paz sea considerada una medida tangible del bienestar y el progreso humano, considera como actos terroristas los ataques dirigidos contra ciudadanos y sus propiedades, incluye, por supuesto, periodistas, medios de comunicación y autoridades de gobierno. Los atacantes pueden ser cualquier tipo de organización, social, política, anarquista, extremista religiosa o de la delincuencia, como es el caso de los cárteles de las drogas.

La ley, tampoco da lugar a confusiones. El artículo 139 del Código Penal de la Federación, y los agregados con los que se ha complementado, por un lado, dejan perfectamente claro que, al hablar de los 5 mil 808 eventos con explosivos, estamos hablando de terrorismo; y por otro, puntualiza la grave responsabilidad de aquellos actores políticos y civiles, que de alguna manera han apoyado o mantienen vínculos con los perpetradores de los actos terroristas.

Según ese artículo, se considera terrorismo cuando una persona, utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas, explosivos, armas de fuego, incendios, inundaciones u otros medios violentos, realiza actos contra bienes, servicios o personas que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo de ella, con el objetivo de atentar contra la seguridad nacional, presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a tomar una decisión específica. 

El agregado, artículo 139 Quáter, destaca que se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 del Código, sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que fuere ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de los delitos de terrorismo, sabotaje, terrorismo internacional, ataques a las vías de comunicación y robo.

Para cerrar con broche de oro, en el agregado, artículo 135 Quinquies, se afirma que “se aplicará de uno a nueve años de prisión y de cien a trescientos días multa, a quien encubra a una persona que haya participado en los delitos previstos en el artículo 139 Quáter de este Código”.

Para ser muy claros, si los cárteles de la droga, que ahora participan activamente en el tráfico de combustibles, entiéndase, el huachicol, han sido declarados por el Departamento de Estados de los Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO) y terroristas globales especialmente designados (SDGT), porque “amenazan la seguridad del pueblo estadounidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el Hemisferio Occidental”; si a partir de la definición de terrorismo que contempla el Código Penal Federal mexicano, podemos afirmar que en el territorio nacional se están realizando actos de terrorismo; si el mismo Código establece la corresponsabilidad que tienen las personas que se vinculan con esos cárteles, ya sea financiando, usando para cualquier actividad o beneficio personal, los recursos provenientes de las actividades ilícitas de los cárteles; si el secretario de Seguridad Harfuch informó que los autores de los actos terroristas han sido los Cárteles de la droga mexicanos; si Estados Unidos ha quitado la visa a un gran número de políticos mexicanos del partido Morena, particularmente a Andy, hijo de AMLO, por sus vínculos con la delincuencia organizada; entonces en qué situación jurídica y legal queda el partido Morena, cómo debe ser tratado. Eso lo dejamos a su propia opinión y juicio.

Lo que sí podemos destacar es que el terrorismo es una fuerza que, por lo menos, avanza por caminos cercanos por dónde se desplaza Morena.

Entre finales de 1960 y 1980, producto de la actividad de los grupos guerrilleros, la población mexicana vivió una de las etapas más complicadas, marcada por ataques terroristas.

Entre esa etapa y la que ahora se vive, se dice que la única diferencia es que los grupos guerrilleros mantenían una lucha ideológica, querían derrocar el gobierno y sustituirlo por uno comunista. Es decir, querían apoderarse del gobierno.

Ahora, las autoridades de la 4T se niegan a calificar como actos terroristas los que realizan los cárteles de la delincuencia organizada, porque ellos, aseguran, no buscan el poder. La realidad es que la delincuencia organizada también busca el poder, el control. Solo que ellos se esconden tras la imagen y los intereses económicos ilícitos de un delincuente.

Cómo se puede entender el “cobro de piso”, las cuotas a limoneros, aguacateros, comerciantes, si no es como el acto en el que un cártel va sustituyendo poco a poco a la autoridad; asume el papel de recaudador e incluso muchas veces les regresa parte de lo que les quita para las fiestas patronales, para los regalos del día del niño, etc. Es decir, les hacen regalos a los ciudadanos con dinero del propio ciudadano. Estoy imaginando, o se parece a un modelo conocido.¿En verdad los cárteles mexicanos no buscan el poder? Entonces por qué llevan años comprando autoridades federales, estatales y municipales, a todo lo largo y ancho del país. En verdad no buscan el poder, o será que ya lo tienen, o quizás han conseguido unos socios con quienes lo comparte