La Cristiada
La Guerra Cristera de México no sólo fue un conflicto armado sino también un choque frontal entre un Estado que buscaba la secularización forzosa y una sociedad que se negó a renunciar a su identidad católica. Este episodio sangriento dejó un legado de mártires y una herida histórica que ha marcado la compleja relación entre la Iglesia y el Estado en el México moderno.
El conflicto no estalló de la noche a la mañana. Su raíz se encuentra en la Constitución de 1917, que incorporó artículos anticlericales diseñados para someter a la Iglesia al control absoluto del Estado.
En 1926, el presidente Plutarco Elías Calles radicalizó la situación con la “Ley sobre delitos y faltas en materia de culto religioso y disciplina externa”, conocida también como “Ley de Tolerancia de Cultos» o “Ley Calles”. Esta reforma al Código Penal establecía sanciones severas.
Entre sus restricciones más duras destacaban: Prohibición del culto público fuera de los templos, Prohibición de vestimenta religiosa, Prohibición de ministros religiosos extranjeros, Disolución de las “órdenes monásticas o conventos” y Censura a los sacerdotes.
La respuesta de la Iglesia fue drástica, inédita y disciplinada entre todos los arzobispos y obispos mexicanos: el 31 de julio de 1926 —con el rechazo de la Santa Sede a la “Ley Calles” y a “todo acto que pueda significar o ser interpretado por el pueblo fiel como una aceptación de la ley misma”— se suspendió el culto público en todo México.
El estallido “es efectivamente la suspensión del culto la que puede marcar el comienzo de la guerra ‘cristera’, ‘la Cristiada’”, sentencia el historiador francomexicano Jean Meyer en las primeras páginas del primer tomo de su obra La Cristiada.
Meyer cita una carta de unos cristeros a su párroco, que apresado por las autoridades los instó a rendirse: “Sin su permiso ni mandato nos lanzamos a esta lucha bendita por nuestra libertad, y sin su permiso y sin su mandato continuaremos hasta vencer o morir”.
Por ello, en distintas partes del país, fieles católicos se alzaron espontáneamente en armas.
No fue unánime la disposición a la resistencia armada contra el gobierno. “Los obispos predicaban indiscutiblemente la resistencia”, señala Meyer, pero al mismo tiempo “precisaban que ellos no querían otra resistencia que la pasiva y pacífica”.
Aunque hubo muchos prelados que de alguna forma apoyaron pastoralmente a los cristeros, “los enemigos de la acción armada eran más numerosos”, señala.
Tampoco fue uniforme la situación entre los presbíteros. Un listado del historiador francomexicano apunta a 100 “sacerdotes activamente hostiles a los cristeros”, mientras que 40 eran “activamente favorables a los cristeros”. Cinco sacerdotes son registrados como “combatientes”, mientras que 65 fueron considerados “neutrales”.
Entre “sacerdotes que abandonaron las parroquias rurales y sacerdotes de ciudades” sumaron 3.500, mientras que los presbíteros “ejecutados por el gobierno” fueron 90.
Fue “el pueblo, ‘el indio’ del que nos hablan los diplomáticos y los gobernantes” el que reaccionó, dice el historiador, y lo hizo “violentamente”, pues “la iglesia era algo más que un edificio de piedras amontonadas, y la sensibilidad popular había sido afectada en su vida misma, ya que lo profano y lo sagrado se mezclan inextricablemente”.
“El pueblo, la gran mayoría o muchos campesinos —que fueron los que dieron más dura la batalla de guerrilla en los estados de Jalisco, de Guanajuato, Michoacán, Colima y otros estados del centro—, ellos no tenían mucha teología, ni hacían muchas elucubraciones, ni hacían muchos distingos de cosas, sino que era una cosa, vamos a decir, del corazón y del sentimiento religioso (…), del amor a su fe”, dijo a ACI Prensa el Administrador Apostólico de la Diócesis de Cancún-Chetumal, Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas. Las figuras clave y las que entregaron su vida a manos de las tropas anticlericales federales, especialmente tomando en cuenta que la Conferencia del Episcopado Mexicano estima que suman “más de 200 mil mártires que entregaron sus vidas defendiendo su fe”.
