El Secuestro del Estado
A menudo la crítica a la sobredimensión del Estado desemboca en que el problema es el propio Estado. Su existencia. Es un argumento interesado porque la partitocracia que lo usa a su antojo y, peor aún, lo ha vendido a intereses transnacionales, se va de rositas. Casi nadie duda de la grasa, el gasto superfluo y las duplicidades que mantiene el Estado a través de los impuestos abusivos que pagan los españoles. Otra cosa es el diagnóstico del problema.
Como el Estado está hipertrofiado la solución es eliminarlo, no reconducirlo. La crítica al Estado, a su mera existencia, nos lleva —aunque sea de manera involuntaria— a la defensa del mundo transnacional construido a través de la cesión de soberanía. En la práctica el Estado sobrevive como sucursal de otros poderes. La política económica, energética y migratoria se decide a miles de kilómetros. Los parlamentos nacionales se han diluido porque se ha subrogado el Leviatán, que en origen fue creado como escudo de los ciudadanos con menos posibilidades, a poderes extranjeros con intereses opuestos a los de esos nacionales.
Claro que convendría distinguir entre un Estado hipertrofiado y uno fuerte. El primero es el que tenemos en España, con sus 17 parlamentos autonómicos, diputaciones y chiringuitos de todo tipo que emanan de cada consejería o ministerio, ineficientes empresas públicas, récord de ministerios, asesores y hasta un jefe de gabinete del jefe de gabinete. El segundo tipo es aquel que sirve de dique de contención entre sus ciudadanos y el poder político, es el Estado que llega adonde no lo hace la sociedad. La sanidad, la policía, la educación, las carreteras… todo eso lo cedemos a cambio del pago de impuestos.
Sin embargo, hoy padecemos un poder que se entromete en nuestra vida, dicta regulaciones abusivas y nos cobra por absolutamente todo. Ese mismo monstruo, capaz de multarnos en la última carretera secundaria por rebasar el límite de velocidad apenas 10 km/h, luego no es capaz de acudir con diligencia al pueblo que sufre incendios, una riada o garantizar que los trenes funcionen. El Estado se entromete hasta el punto de promocionar que no tengamos hijos ni usemos el coche con el fin de salvar el planeta. El Estado tiene sus dogmas y ha mutado en un monstruo que ya no defiende ni la cultura ni las tradiciones autóctonas.
El fenómeno es curioso. Cuando sufragar el Estado resulta cada vez más caro los españoles contemplan el desmantelamiento de servicios básicos. Cuanto más pagan, menos retorno reciben. La degradación de la sanidad pública —véase la atención primaria o las larguísimas listas de espera— es quizá el paradigma, aunque hay mucho más. Aznar privatizó la principal compañía telefónica del país, y PP y PSOE hicieron lo propio con la energética Endesa. El bipartidismo vendió el país al lobby de las renovables y hoy sufrimos apagones. Después saturó los servicios ferroviarios abriendo el mercado sin infraestructura suficiente para ello y los usuarios padecen hoy parones y retrasos históricos.
Este paulatino empobrecimiento del Estado subarrendado a intereses concentrados en unas pocas manos va en contra de la mayoría de los ciudadanos, especialmente los que tienen menos recursos. Fondos de inversión como Blackrock son dueños de importantes porcentajes en los principales medios de comunicación españoles y depredadores del mercado de la vivienda. El Estado es esquilmado por una élite que lo convierte en una especie de panal de la rica miel con tufo norcoreano. Valgan los ejemplos de Huawei y Gazprom, generosas contratadoras de las hijas de Zapatero y el hijo de González Pons.
La frase de que sólo los ricos pueden permitirse el lujo de no tener patria ya no suena a eslogan de quinceañeros. Frente a la élite que todo lo vende se levanta una amplísima mayoría convertida en una clase media depauperada. Son los perdedores de la globalización y las fronteras abiertas a la inmigración masiva, la deslocalización de fábricas y la competencia desleal de productos procedentes de países del tercer mundo. Las certezas y seguridades de otra época —casa, coche, hijos— se han desvanecido. El Estado que debería velar por la igualdad y hasta una cierta redistribución de la riqueza registra récords entre los que más tienen y los que menos.
Hemos llegado al punto en que el Estado perpetra severas injusticias como la ruptura de la caja única de la seguridad social o la creación de una Hacienda propia para Cataluña. Qué decir del cupo vasco o navarro. De la prohibición de estudiar en la lengua común. O del reparto de la inmigración ilegal del que se libran las regiones gobernadas por el separatismo. No cabe hablar de una mala utilización del Estado, es algo más profundo: es el Estado contra la nación en la medida que sus injusticias provocan agravios entre territorios y, por ende, un desapego al amor a la nación. Se rompen los vínculos. Es un Estado elefantiásico al servicio del poder político, no de la nación, a la que maltrata promocionando cualquier separatismo o poder transnacional.
Fuera de nuestras fronteras las traiciones son todavía mayores. Si los recursos de la nación son vendidos al mejor postor las instituciones del Estado sufren un severo desprestigio. Bolaños y Pons se repartieron los jueces en Bruselas con el comisario Reynders como árbitro, que no se recuerda una cesión más vergonzosa desde las abdicaciones de Bayona.
Sí, es verdad que las cosas están mucho peor en otras naciones europeas. Cuando la islamización avanza el rey Carlos III de Inglaterra empaqueta dátiles al inicio del Ramadán, cita el Corán y agradece a los musulmanes su gran contribución a la sociedad y cultura británicas. Su primer ministro, Starmer, se humilla de otra manera: consiente que Trump haga de anfitrión cuando visita Escocia recibiéndole en su propio campo de golf. Es evidente que ya no estamos en la época de las naciones-Estado, por eso es un error gigantesco señalar al Estado como el culpable de la decadencia de Occidente.
