ONU Confirma la Gravedad de la Violencia y las Desapariciones Forzadas
El gobierno mexicano de la 4T, que encabeza Claudia Sheinbaum, sigue acumulando problemas y puntos en contra, aunque la mayoría de las encuestas extrañamente no registran ningún tipo de afectación en los niveles de aprobación de la mandataria, que en marzo llegó a casi el 80 por ciento. ¡Sí, como lo acaba de leer!, la pegunta es, será que el ciudadano está leyendo las cosas al revés, o como se dice, las encuestas están “cuchareadas”
El caso es que ahora la ONU, que al parecer no tomó en cuenta esa avasallante popularidad y simpatía de la mandataria, a través de un comité, activó un procedimiento inédito para investigar las desapariciones forzadas en México, lo que viene a confirmar el estado de violencia en la que vive el país, y que sistemáticamente ha sido negada por el gobierno de la 4T.
Los conceptos y argumentos presentados no dejan lugar a duda del nivel de problema que enfrenta la sociedad mexicana, pues el Comité contra la Desaparición Forzada, que pertenece a las Naciones Unidas, al activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas, destaca que se trata de una situación sistemática y generalizada, una crisis de violencia extrema.
Por esa razón, solicitó que Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, remita con urgencia la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General para su análisis.
La decisión que tomó el Comité se fundamenta en la información que aportaron diversos grupos ciudadanos, muchos de ellos conformados por personas víctimas y directamente afectadas por las desapariciones, pero también por la propia investigación y recopilación de informaciones, así como por las respuestas dadas por el propio gobierno federal.
Es necesario resaltar que, aunque señala que el Comité no encontró pruebas de una política federal que promueva las desapariciones, existen casos e información bien justificada, en la que se pone en evidencia la participación directa de funcionarios públicos en casos concretos de desapariciones forzadas de personas. En algunos, fue por clara omisión, y en otros, por instrucciones de ellos.
El Comité solicitó apoyo a la ONU para que el gobierno pueda investigar, prevenir y erradicar este delito, que por su gravedad podría ser considerado como un crimen de “lesa humanidad”. Si bien es cierto que no se trata de una acusación directa ni de una sanción, el procedimiento que realiza la ONU va a permitir que las desapariciones forzadas en México se hagan visibles a nivel internacional, lo que no le hace mucha gracia al gobierno de nuestro país.
Aunque la administración de Claudia Sheinbaum, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó el dictamen del Comité por considerar que tiene sesgos y no tomó en cuenta los avances que ha logrado, dijo estar dispuesta a colaborar con la instancia internacional.
Un punto que muestra la mentalidad de la administración de Claudia Sheinbaum, que se preocupa más por su imagen que por el destino y dolor de la gente, es el desacuerdo que expresó ante muchas desapariciones que fueron cometidas por la delincuencia y no por funcionarios públicos, por lo que piden sean reclasificados. Es decir, como ocurre en las estadísticas nacionales sobre homicidios, que presumen haberlos disminuidos debido a que el gobierno reclasificó muchos casos como desaparecidos.
Como señalamos líneas arriba, el Comité fue contundente, pues el dictamen se basa en el constante descubrimiento de fosas comunes clandestinas y en el hallazgo de 76 mil restos humanos, que en su mayoría no han sido identificados, además de los 6 mil 200 cadáveres. El reporte concluye que desde que los miembros del Comité iniciaron su trabajo en México, no se ha presentado ninguna mejora sustancial.
Como decían de manera elocuente nuestros abuelos, “éramos muchos y parió la abuela” que, aplicado al gobierno de Sheinbaum quiere decir que está lleno de problemas y se le suma uno más, pero este sí, por la amplia visibilidad que le otorga la instancia internacional, amenaza con golpear fuertemente su imagen.
Aun no está claro si la representación mexicana comparecerá ante el pleno, o si solo se tomarán medidas para que la comunidad internacional apoye a México a enfrentar la problemática. Para fines mediáticos, el gobierno ya ha comenzado a pagar costos, aunque dependiendo el desenlace, podrían ser mayores. Aun si se considera solo la creación de comités de investigación y de asesoría, entre otros mecanismos, provocará que el tema esté de manera permanente en los medios de información, y esto no lo quiere el gobierno.
Cualquier nuevo descubrimiento de fosas clandestinas o de restos humanos, cualquier situación que afecte a las madres buscadoras, situación que seguramente ocurrirá, reactivará el tema.
De esta manera, a las constantes dificultades con Estados Unidos, a la próxima renegociación del T-MEC, a las enormes dificultades que se auguran durante el mundial de futbol, a la violencia permanente que existe; al huachicol fiscal o los conflictos cada vez más frontales entre las tribus que conforman Morena, el nuevo frente abierto con la ONU, debe tener a la presidenta y sus allegados al borde de un ataque de nervios.
Y así seguirá, mientras no se decida a actuar con contundencia en favor del ciudadano, y en tanto no rompa con los compromisos políticos que la tienen contra la pared.
