En la Revolución Francesa, la guillotina fue el instrumento más utilizado para poner fin a la vida de los enemigos de la Revolución o de los grupos predominantes según el momento. Se afirma que las víctimas fueron entre 15 mil y 17 mil personas de un amplio espectro que lo mismo se aplicó al Rey de Francia Luis XVI y su esposa María Antonieta, que a destacados revolucionarios como Dentón y Robespiere. Así son las revoluciones, devoradoras que no discriminan.

 

Figurativamente se aplica el término cuando fuerzas del poder aplican acciones, no necesariamente cruentas en contra de sus enemigos o sus críticos para borrarlos del mapa, de ahí que sea válido utilizar ese nombre para referirse a lo que ha venido ocurriendo con los periodistas en nuestro país. Eso aparte de los 46 asesinados en lo que va del sexenio y uno que se salvó, Ciro Gómez Leyva, gracias a que viajaba en una camioneta blindada.

 

Andrés Manuel López Obrador ha “guillotinado” moralmente a numerosos periodistas y medios de comunicación desde el inicio de su gobierno, los ha señalado directamente y por su nombre en las famosas mañaneras, utilizando la figura presidencial que ostenta y los medios del Estado, para injuriarlos y desprestigiarlos con variedad de calificativos. Muchos de ellos han sobrevivido a las agresiones y hasta podríamos decir que se ha incrementado su prestigio de independencia frente al poder.

 

Sin embargo, y no de ahora, desde el Gobierno suele recurrirse a presiones a los dueños de los medios para eliminar o cambiar de cargos a periodistas que son incómodos para la autoridad del momento y cuando no se pliegan de los caprichos de quien manda, se han dado casos de toma por asalto, por medio de comunicadores cómplices, de los medios que no se disciplinan, como fue el caso de la Cadena García Valseca, Excélsior e Impacto, en tiempos de Luis Echeverría cuando, por cierto, Andrés Manuel López Obrador militaba en el PRI. Tiempos en que el Gobierno monopolizaba la importación y venta de papel periódico que servía como otro medio de presión y que también se usó para que se corriera a periodistas de su fuente de trabajo.

 

A estas alturas, durante el actual se ha “guillotinado” a cerca de 30 periodistas, ya sea porque han salido de los medios, o porque han sido cambiados de sus cargos para disminuir su influencia. Esto lo mismo ha pasado en la prensa escrita que en medios electrónicos, con directores de periódicos o analistas y columnistas.

 

Vale la pena recordar algunos nombres como Carlos Marín, Azucena Uresti, Ricardo Alemán, Carlos Loret de Mola, Carlos Alazraki, Carlos Bravo Regidor, Víctor Trujillo (Brozo), Martín Moreno-Durán, Irma Pérez Lince, Ángel Verdugo, León Krauze, Laura Brugés, Enrique Muñoz, Carlos González, Ana Paula Ordorica, Adela Micha, Juan Miguel Alcántara Soria, Roberto Plancarte, Ricardo Rocha, Jesús Martín Mendoza, Sergio Sarmiento, Fernanda de la Torre, Carlos Ramos Padilla, Rubén Cortes, Guillermo Valdés, Chumel Torres, Federico Berrueto, Javier Solórzano, Ricardo Gómez y Jorge Ramos Pérez.

 

Curiosamente Juan E. Pardinas, director editorial de Reforma, salió de la empresa y fue sustituido por Roberto Zamarripa, formado en La Jornada y afín a la 4T.

 

Paralelamente han llegado a algunos medios, principalmente la radio, comentaristas y analistas afines a la 4T, en pleno proceso electoral, para “equilibrar” frente a las crecientes críticas a la actual administración y su Corcholata que busca la Presidencia.

 

Algunos de los guillotinados han perdido un lugar en los medios, otros siguen vigentes al colaborar en distintos ámbitos, otros han recibido acogida en otras tribunas y gracias a la existencia de Internet, han abierto sus propios canales o creado medios digitales desde donde siguen su actividad. No siempre ha sido efectiva la guillotina, pero de que se usa, se usa,

 

En este caso no contamos al equipo de Notimex que perdió su trabajo por el conflicto con Sanjuana Martínez con la desaparición de NOTIMEX.

 

Este es un escenario de violencia y acoso que hoy caracteriza al periodismo en México y que ha ubicado a nuestro país en uno de los últimos lugares en cuanto a libertad de expresión y ataques al Derecho a la Información.

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