“La obra de la justicia será la paz, y los frutos de la justicia serán la tranquilidad y la seguridad para siempre”, Isaías 32,17.

 

La Conferencia del Episcopado Mexicano, integrada por los Obispos católicos presentes en el país, como pastores del Pueblo de Dios y ciudadanos comprometidos con el bien común, manifestamos a la ciudadanía entera, a la opinión pública y a los tres Poderes de la Unión, nuestra más profunda preocupación ante la gravedad de los recientes hechos que acentúan una polarización sin precedentes en torno al marco legal y a la armonía entre los distintos poderes del país.

 

I. FUNDAMENTOS DE NUESTRA NACIÓN Y DOCTRINA SOCIAL

Reconocemos que México es un gran país que no se inventa, una y otra vez, con la llegada de nuevas administraciones. La grandeza de México como Nación estriba, entre otras cosas, en su capacidad probada de darnos un “ordenamiento jurídico” e “instituciones” que aseguren un mínimo de civilidad, así como una dirección de progreso, ambas condiciones necesarias para garantizar las libertades fundamentales y los derechos humanos de todos los mexicanos. Este ordenamiento institucional, sustentado en el respeto a la dignidad inalienable de la persona humana —principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia—, es el que hace posible la promoción del bien común, la solidaridad y la justicia social.

 

II. SOBRE LA REFORMA JUDICIAL Y EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD

Consideramos que la Reforma Constitucional al Poder Judicial que está en curso debe ser más ampliamente discutida y analizada por parte del Poder Legislativo, siguiendo el principio de subsidiariedad, pilar fundamental de la doctrina social de la Iglesia, que reconoce y promueve la participación de todos los actores sociales en las decisiones que afectan a la comunidad. Esto implica:

• Tomar en cuenta a todas las fuerzas políticas representadas

• Escuchar a los especialistas en Derecho Constitucional

• Considerar las voces de la sociedad civil organizada, que son Pueblo de México

• Respetar el principio de participación democrática

• Preservar el bien común por encima de intereses particulares

• Todo esto a fin de no poner en riesgo el equilibrio de poderes que sustenta nuestra estructura democrática.

 

III. INVITACIÓN A LA REFLEXIÓN Y AL BIEN COMÚN

Como pastores, recordamos que el respeto al Estado de Derecho no es solo una necesidad política, sino una exigencia ética fundamental que emana de la dignidad humana y del bien común. La doctrina social de la Iglesia nos enseña que:

 

• La autoridad debe ejercerse como servicio al bien común

• El poder tiene límites morales y legales

• La participación ciudadana es un derecho y un deber

• La solidaridad es esencial para la paz social

• El desarrollo debe ser integral y para todos

La falta de diálogo y acuerdo entre los diversos poderes del Estado respecto a las disposiciones judiciales puede generar consecuencias graves para la convivencia social y el orden institucional, comprometiendo la confianza en nuestro país y amenazando la estabilidad del Estado de Derecho.

 

IV. LLAMADO A LA ACCIÓN Y ESPERANZA

Exhortamos a todos los actores políticos y sociales, inspirados en los principios de la doctrina social de la Iglesia, a:

• Recuperar el diálogo constructivo como herramienta fundamental

• Fortalecer nuestras instituciones democráticas

• Anteponer el bien común a los intereses particulares

• Respetar el orden constitucional

• Promover la solidaridad y la subsidiariedad

• Trabajar por la justicia social y el desarrollo integral

• Proteger la dignidad de toda persona

«Una auténtica democracia no es solo el resultado de un respeto formal de las reglas, sino que es el fruto de la aceptación convencida de los valores que inspiran los procedimientos democráticos» (Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, 407).

 

Rogamos a Dios que ilumine las mentes y los corazones de quienes tienen la responsabilidad de conducir los destinos de nuestra Nación. Que recuperemos el diálogo y la humildad para que, entre todos, sigamos construyendo la gran Nación que somos. Que Santa María de Guadalupe, Madre y Reina de México, interceda por la reconciliación y la paz de nuestra Nación.

 

Firman los prelados:

Mons. Rogelio Cabrera López Arzobispo de Monterrey Presidente, Mons. Ramón Castro Castro Obispo de Cuernavaca Secretario General, Mons. Jaime Calderón Calderón Arzobispo de León Primer Vocal, Mons. Dagoberto Sosa Arriaga Obispo de Tlapa Provincia de Acapulco, Mons. Luis Manuel López Alfaro Obispo Auxiliar de San Cristóbal de las Casas Provincia de Chiapas, Mons. Jorge Estrada Solórzano Obispo de Gómez Palacio Provincia de Durango, Mons. Gustavo Rodríguez Vega Arzobispo de Yucatán Vice-Presidente, Mons. Jorge Alberto Cavazos Arizpe Arzobispo de San Luis Potosí Tesorero General, Mons. Enrique Díaz Díaz Obispo de Irapuato Segundo Vocal, Mons. Francisco Moreno Barrón Arzobispo de Tijuana Provincia de Baja California, Mons. J. Guadalupe Torres Campos Obispo de Ciudad Juárez Provincia de Chihuahua, Mons. Manuel González Villaseñor Obispo Auxiliar de Guadalajara, Mons. Rutilo Felipe Pozos Lorenzini Obispo de Ciudad Obregón Provincia de Hermosillo, Mons. Carlos Enrique Samaniego López Obispo Auxiliar de México Provincia de México, Mons. Francisco Figueroa Cervantes Obispo Auxiliar de Zamora Provincia de Morelia, Mons. Tomás López Durán Obispo Auxiliar de Puebla Provincia de Puebla. Mons. Héctor Luis Morales Sánchez Obispo de Nezahualcóyotl Provincia de Tlalnepantla, Mons. Eduardo Cervantes Merino Obispo de Orizaba Provincia de Xalapa Prolongación, Mons. Domingo Díaz Martínez Arzobispo Emérito de Tulancingo Provincia de Hidalgo, Mons. Heriberto Cavazos Pérez Obispo Auxiliar Emérito de Monterrey Provincia de Monterrey, Mons. Florencio Armando Colín Cruz Obispo de Puerto Escondido Provincia de Oaxaca,  Mons. Margarito Salazar Cárdenas Obispo de Matehuala Provincia de San Luis Potosí, Mons. Raúl Gómez González Arzobispo de Toluca Provincia de Toluca, Mons. Pedro Pablo Elizondo Cárdenas Obispo de Cancún Chetumal Provincia de Yucatán.