A toda acción, viene una reacción; por lo tanto, frente a la aprobación “frac trac” de la reforma al Poder Judicial nace una resistencia que, en el orden social, se materializa en las marchas de los trabajadores y estudiantes de la carrera de abogacía; pero también la comunidad social en su conjunto, por lo tanto, es inminente una reacción social contra el Plan C de Obrador.

 

Frente a la cerrazón de la 4T o del obradorismo, la sociedad, articulistas y columnistas de reconocido prestigio, reacciona al pronunciarse por la defensa de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia y de los jueces impartidores de la justicia.

 

A la “reforma obradorista”, calificada más como capricho del inquilino de Palacio Nacional que por un bien social, surge la necesidad de una autentica reforma que permita una mejor impartición de justicia y no su desaparición.

 

El expresidente Ernesto Zedillo en la ceremonia inaugural de la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Abogados afirma que “la frustración del presidente (Andrés Manuel López Obrador) al no contar con una Corte sumisa ha evolucionado hasta transformarse en una venganza brutal: la destrucción de la independencia e integridad del Poder Judicial para que esté al servicio de la fuerza política en el poder”.

 

Zedillo acusó que “los cambios conducen, en última instancia, a la devastación del Poder Judicial y la abolición de otras instituciones estatales autónomas muy importantes para la transparencia, rendición de cuentas y otras áreas cruciales para el desarrollo del país”.

 

Articulistas, columnistas y gran parte de los ciudadanos saben que la desaparición de los organismos autónomos derivará en dictadura; una dictadura que superará la época de los regímenes priistas.

 

Josep Antoni Duran i Lleida en su ponencia, “El Humanismo Cristiano y la Recuperación de la Democracia”, asegura que “un régimen basado en la libertad y en la contraposición de poderes debería de ser el remedio contra cualquier situación de tiranía, contra cualquier dictadura, fuese del sentido que fuese y que el destino de cualquier democracia no podría ser jamás otro que su fortalecimiento progresivo. No ha sido así. Se ha perdido el doble impulso que alentaba las transformaciones y las sucesivas conquistas sociales y de libertad”.

 

El filósofo considera que “la política democrática consistía en trabajar a favor de una mayor cohesión del “demos” (pueblo) y en pro de una mayor solidaridad entre las personas.

 

Juan Pablo II en Centesimus Annus, 90-91, lo plantea: “La Iglesia aprecia el sistema de la democracia, en la medida en que asegura la participación de los ciudadanos en las opciones políticas y garantiza a los gobernados la posibilidad de elegir y controlar a sus propios gobernantes, o bien de sustituirlos oportunamente de manera pacífica”. Por lo tanto, una auténtica democracia es posible solamente en un Estado de derecho y sobre la base de una recta concepción de la persona humana.

 

Por ello se requiere la participación de todos; todos debemos velar por el desarrollo de nuestras comunidades, establecer mecanismos que permitan un crecimiento en salud, educación, seguridad, de nuestras colonias, barrios o rancherías.

 

La desaparición de los organismos autónomos y de la Suprema Corte de Justicia únicamente generará la opacidad de quienes ostentan el poder. Se nos dijo, no escuchamos y no hicimos nada para evitar la desaparición de la democracia, de la libertad y de la justicia.

 

Sin embargo, no todo está perdido, sin duda que la restricción de la libertad, la democracia y la justicia dará como consecuencia la formación de hombres y mujeres que “lucharán” por el regreso a una sociedad más justa, democrática y de libertad.

 

Se tendrá que combatir la narrativa del obradorato.  Recordemos la frase de Machado en sus Proverbios y cantares: “¿Tu verdad? No, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela”.