Lograr la transición democrática fue una lucha larga que aún no concluye e, incluso, está en riesgo de regresión. Uno de los medios que se requirieron para la alternancia en el poder, fue la realización de elecciones libres y confiables. Para ello fue necesario sacar del control gubernamental todo lo vinculado al proceso electoral e, incluso, reformar la Constitución para que se diera competencia al Poder Judicial para establecer justicia electoral.

 

La Comisión Federal Electoral del Siglo XX era presidida por el Secretario de Gobernación. La integraban representantes del Senado y la Cámara de Diputados (ambos del PRI). También había representantes de los demás partidos, PPS PARM y PAN. Sin embargo, los dos primeros eran comparsas de Gobierno. Y aunque algunas veces los dos cómplices también presentaban quejas por irregularidades, normalmente solo el PAN hacía esas denuncias, pero a la hora de las votaciones, se quedaba solo. Rara vez la oposición obtenía algo a su favor.

 

Adicionalmente, la calificación estaba en manos del Congreso. Se autocalificaban los supuestos o reales ganadores, con lo que actuaban como jueces y parte, siempre a favor del PRI, salvo raras excepciones.

 

El Registro Nacional de Electores estaba en manos de la Secretaría de Gobernación, la credencial primero fue de papel y luego de plástico, pero sin fotografía. Cuando se les pidió que fuera personalizada con la imagen, aseguraron que no se podía hacer. Sin embargo, cuando Ernesto Ruffo finalmente ganó en Baja California, se demostró a nivel estatal que sí era posible hacer una credencial con fotografía y no quedó más remedio que hacerlo a nivel federal.

 

Un primer paso para desprender de Gobernación el proceso electoral consistió en la creación del Instituto Federal Electoral que al principio fue presidido por el Secretario de Gobernación, con la presencia de nuevos partidos que se incorporaron como consecuencia de la reforma electoral de Jesús Reyes Heroles, pero más tarde se ciudadanizó y los partidos permanecieron con voz y voto, pero luego perdieron lo último. Ha sido un proceso complejo. Pero el IFE, hoy INE fue un elemento clave tener elecciones libres y confiables.

 

Junto al IFW-INE, la apertura de un medio para juzgar acerca de la legalidad del proceso electoral. Así surgió el Tribunal Federal Electoral, hoy Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta instancia es la última en la calificación de legitimidad de la elección del Presidente y en el 2006 fue la que definió el ganador en medio de una fuerte tensión. El Tribunal dice la última palabra y es inapelable.

 

Por otra parte, también se creó la figura de delitos electorales, tanto en el Código Penal Federal como en una Ley específica. Ello llevó a la creación de una fiscalía especializada en la materia.

 

Este complejo mecanismo se fue repitiendo más tarde en los estados de la Federación, lo cual explica de algún modo el alto costo que tiene tener elecciones libres y confiables.

Pues bien, tanto el INE como el Tribunal Electoral están en riesgo. La presencia en sus presidencias de quienes han sido señaladas como afines al partido en el poder podría afectar, más de lo que ya ha ocurrido, el proceso que estamos viviendo.

 

El hecho de que se haya dado manos libres a la Presidente del INE por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial para nombrar al Secretario Ejecutivo y otros funcionarios claves en el proceso electoral, porque no fue capaz de negociar un acuerdo con el resto de los consejeros no deja de ser riesgoso. Algunos de los nuevos funcionarios del INE provienen de la actual administración pública federal, lo que también los hace sospechosos de ser afines o miembros de Morena.

 

Estas señales nos obligan a permanecer vigilantes, a ser observadores electorales, pues esta última figura también formó parte de las acciones ciudadanas que impulsaron la transición democrática que, hay que insistirlo, no ha culminado y está en peligro de regresión hacia un nuevo autoritarismo.

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