Gran expectativa generó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la consulta popular para ver si se procesaba o no a los expresidentes. Aunque insistió en que él no tiene un propósito de venganza o deseos de procesar a quienes le han antecedido, en la práctica hizo todo lo necesario para impulsar una consulta contra ellos, para que el pueblo se pronunciara y, entonces, se viera obligado o la Fiscalía General de la República a ir en contra de quienes decía que no se procesara. Una más de sus triquiñuelas para, por un lado, mantener vivo un tema, y, por el otro, salirse con la suya.

 

Como la consulta para que fuera el pueblo el que iniciara la solicitud no funcionó, entonces él mandó la solicitud al Congreso para que fuera él quien hiciera la solicitud a la Suprema Corte de Justicia acerca de la constitucionalidad de la consulta y, simultáneamente, la procedencia de la pregunta.

 

A pesar de que el ministro Luis María Aguilar Morales había presentado un proyecto en el cual se establecía que la existencia de numerosas violaciones a la Constitución en la propuesta presidencial y, por lo tanto, la consideraba inconstitucional, en una cerrada votación de 6 a 5, se consideró que la realización de la consulta social era legítima para salvaguardar el derecho de participación de la ciudadanía. La propuesta original decía:

 

“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.

 

Sin embargo, los ministros cambiaron la pregunta, con ocho votos a favor y tres en contra, omitiendo los nombres de los expresidentes y cambiando el sentido de la misma, para quedar así:

 

“¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

 

Me parece que este juicio va a pasar a la historia. La Corte se mostró, finalmente, obsequiosa con “avalar” los deseos del Presidente del realizar una consulta popular para procesar a los presidentes “neoliberales”. Sin embargo, con el cambio de la pregunta, las aspiraciones de provocar un linchamiento social que, a su vez, sirviera para sus propósitos electorales, pierden fuerza. Sin embargo, el cambio de la pregunta diluye la fuerza de la misma, elimina los señalamientos específicos y desvía el sentido la consulta, lo que seguramente desalentaría a los ciudadanos a acudir a emitir su opinión respecto de lo que, para muchos, es algo confuso.

 

¿Qué debe entenderse por “acciones pertinentes”? Se trata de “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas”, de “actores políticos” para “garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Ya no se trata de investigar, y en su caso sancionar, “la presunta comisión de delitos”, de cinco ex presidentes.

 

Ahora, el proceso de esclarecimiento se refiere a acciones que afectaron a víctimas, ¿qué clase de víctimas? ¿Qué clase de políticas serían las juzgadas y qué derechos serían los violados? Y, finalmente, ¿quiénes son los “actores políticos” sobre quienes se enfocaría la investigación? Se trata de una interrogante que deberá ser interpretada. ¿Por el Presidente? ¿La fiscalía? ¿O los mismos ministros de la Suprema Corte que la formularon?

 

Se trata de una decisión de “sí”, pero “no”. Parece que se trata de una victoria pírrica en la que no creo que ni los ministros que votaron a favor, ni el Presidente hayan quedado muy bien parados.

 

Una vez más se ratifica que en los juicios nunca se sabe a quién, cómo y por qué le van a conceder la razón, aunque se trate del máximo tribunal de la nación. En mano de esas personas está en juego el Estado de Derecho

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No. 319

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SIRVIENDO A LA SOCIEDAD

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