Cuando se trata de oponerse al gobierno, se dice que quien pretende tal cosa debe cumplir con aquello de “para tener lengua larga, hay que tener cola chica”. Es decir, si se va a ser crítico, no debe tener nada que pueda ser usado en su contra. Quien no cumpla con ello, corre el riesgo de que la autoridad se vaya en su contra. Eso sería lo normal, pero bien sabemos que, en México, si no hay colas largas, el gobierno las inventa.

 

Desde el inicio de su gestión, Andrés Manuel López Obrador se ha dedicado a agredir, desde su tribuna mañanera, a cuantos osan disentir de él, criticarlo o evidenciar las continuas mentiras que dice, amparado en los “otros datos”, que no revela. La lista de los afectados es larga, incluye a políticos de la oposición, a la Suprema Corte, empresarios u organismos empresariales, periodistas e intelectuales que lo ponen en evidencia o a la 4T.

 

Lo más novedoso es la sarta de injurias, las difamaciones y calumnias que ha hecho en contra de María Amparo Casar, presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, quien acaba de publicar un libro titulado “Los Puntos sobre las íes”, en donde se juntan las investigaciones que esa organización civil ha hecho acerca de la corrupción en el actual sexenio. Ahí se encuera a un gobierno que ofreció combatir la corrupción, que dice no ser como los de antes.

 

María Amparo Casar no es nueva en esta tarea, ya hizo importantes denuncias durante el sexenio de Peña Nieto y continuó con la gestión de López Obrador. Su labor permitió destapar fraudes como el de SEGALMEX, para hacer referencia al que puede ser paradigmático, cometido durante la gestión de Patricio Chirinos, uno de los padrinos políticos del actual Presidente.

 

El Presidente ha acusado el golpe y se ha revuelto, como fiera herida de muerte, en contra de Amparo Casar, utilizando los recursos y la fuerza del Estado, para pretender aplastarla, anularla y descalificarla, acusándola de corrupta y recurriendo para ello a excavar en el pasado, con la ayuda del Director de PEMEX -esa empresa super quebrada- y desenterrando un incidente de una antigüedad de cerca de 20 años.

 

Para pretender fundar su acusación de corrupta, el presidente revolvió en el expediente de la muerte accidental o suicidio del entonces esposo de María Amparo, para afirmar -sin juicio alguno- que había acudido al entonces procurador del DF, Bernardo Bátiz Vázquez con la solicitud de modificar la investigación de la muerte del esposo de María Amparo Casar y así poder cobrar un seguro de vida y una pensión de viudez. Todo ello, acusó, sería un delito. Es más, ya se le suspendió la pensión arbitrariamente.

 

Como ya fueron derogados del Código Penal Federal los delitos de injuria, difamación y calumnia, el Presidente ha recurrido sistemáticamente a dichas acciones, consciente de que no se le puede demandar, tenga o no fuero. Pero eso no significa que el ánimo de ofender, propio de la injuria, no esté presente en la forma y tono con los que acusa a Casar de corrupta, de los corruptos del pasado neoliberalismo.

 

También ha recurrido a la calumnia, acusando a la investigadora de la realización de un delito, que no ha sido probado, pero solo con el afán de causarle daño, de desprestigiarla y recurriendo a la falacia “ad homine”, pretendiendo anual los señalamientos de corrupción recogidos en el libro ya señalado. Esto ha ido acompañado de afirmaciones en cadena nacional, que buscan acabar con la buena fama de María Amparo Casar, buscando desacreditarla ante la sociedad.

 

Sin embargo, lo que sí permanece y le puede ser aplicado, es el daño moral que fue establecido en el Código Civil cuando se eliminaros los delitos antes señalados. Faltan pocos meses para que López Obrador deje Palacio Nacional y, entonces, María Amparo Casar y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad, podrán acusar al ahora Presidente, de haberles causado un daño moral con sus afirmaciones.

 

Por otra parte, el Presidente volvió a violar la Ley al revelar los datos personales de ella y de sus hijos, en una demostración más de que para él, la Ley no es la Ley y que puede pasar por encima y burlarse de ella.

 

Como quiera que sea, lo dicho y hecho por el Presidente, es una bajeza. Acudir a una tragedia que habiendo sido investigada en su momento se declaró cerrada, para atacar a una persona y su familia, no tiene nombre. Cree que con eso va a obtener un logro político a favor de su protegida, cuando, al contrario, su estatura moral -a la que López Gatell hizo referencia para exponer la impunidad del mandatario frente al COVID- ha terminado de derrumbarse.

 

Además de que este hecho es una clara venganza personal porque carece de argumentos para refutar los señalamientos recogidos en Los Puntos sobre las íes. Y, a la vez, pone de manifiesto que está oyendo pasos en la azotea ante la perspectiva de que la candidata de la oposición pueda ganar, finalmente, las elecciones en junio. La estancia en Palacio no sólo terminará pronto, sino que, además, su salida será ignominiosa.

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SIRVIENDO A LA SOCIEDAD

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